En estas líneas, hablo sobre la iniciativa de reforma del artículo cuarto constitucional y lo que me hace pensar. Sé que hay otros factores contra los que se ha pronunciado el FNF (como la cuestión relativa a la educación) pero ya haré un post dedicado a eso exclusivamente. Esto es sólo un modesto análisis. 

Declaraciones han ido y venido durante los últimos días respecto a las posiciones sobre la reforma propuesta por el ejecutivo de México en materia del artículo cuarto de la Constitución. La conclusión de las siete páginas de la iniciativa (sí, la leí antes de escribir todo esto) se basa en el principio de no discriminación y pretende que conste en la Constitución que el derecho a contraer matrimonio (aunque matrimonio y familia se usan en forma algo indistinta en el documento) quede abierto para cualquier ciudadano sin que interfiera (entre otros factores) las preferencias sexuales. Esta iniciativa se basa en tres resoluciones previas de la SCJN (una de 2010 y dos de 2015) y construye su argumento del siguiente modo:

  1. El artículo cuarto constitucional, ni se refiere a la institución del matrimonio, ni dice qué tipo de familia deberá proteger el Estado mexicano. Por lo tanto, no puede afirmarse que la familia se constituye exclusivamente por un varón y una mujer.
  2. Las leyes mexicanas no pueden afirmar ni que la base del matrimonio es la procreación, ni que éste está constituido exclusivamente por un varón y una mujer. Esto sería discriminatorio, pues disminuiría o restringiría los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.
  3. POR LO TANTO, la definición legal de matrimonio no puede vulnerar los principios  de igualdad y no discriminación.
  4. Entonces, como una definición que se base en la dimensión procreativa excluye a quienes no tienen la posibilidad de tener hijos, no podría aceptarse como tal.

El factor común de la sección dedicada a citar resoluciones de la SCJN es la protección social de la familia (por eso digo que parece que el documento usa indistintamente ambos términos) Parece que equipara “matrimonio” con “familia”. Es decir, el sustrato es que para proteger a todas las formas de familia que existen en el país, el Estado tendría que pronunciarse en contra de la definición de matrimonio que base esta institución en la procreación, que diga que es la unión entre un varón y una mujer.

En nuestro país existe una gran diversidad de familias. Todos conocemos a alguien que fue criado por dos padres, por una madre, quizá por un padre, por los abuelos, o tíos. El valor de la familia en México es muy fuerte, aun se considera un vínculo importante en el tejido social. Si bien estamos en una generación que se enfrenta con la problemática de tener que salir a trabajar y dejar a los niños al cuidado de quien pueda, (abuelos, tíos, primos, una empleada doméstica, o incluso por ellos mismos) la familia es todavía una institución importante en la vida social del país.

Ahora bien, cabría preguntarse con serenidad, ¿la protección social de la familia, pasa necesariamente por una reforma a la definición de matrimonio? Ahí es donde la lógica de la iniciativa es difusa. Hay un vacío legal, (punto 1) nosotros no podemos decir de forma oficial que discriminamos, (punto 2) y deberíamos pronunciarnos contra todo tipo de discriminación en la institución matrimonial (punto 3) y llenar así el vacío legal.

La iniciativa cierra diciendo que el matrimonio, siendo un derecho que permite acceder a otros derechos, no puede cerrarse a ningún ciudadano que, consciente y libremente, habiendo cumplido la mayoría de edad, dispuesto a establecer una relación que se sostiene en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuo de quienes desean tener una vida en común, busque casarse.

En eso último, estoy de acuerdo. No creo que ningún Estado pueda pronunciarse por cerrar las puertas a sus ciudadanos y dejar sin reconocimiento civil una relación estable, que busca contribuir al tejido social. Además, la serie de derechos tangibles e intangibles que devienen del contraer matrimonio tampoco pueden negarse a quienes honestamente los busquen: de tipo fiscal, de solidaridad, por causa de muerte de una de las personas cónyuges, de propiedad, en la forma subrogada de decisiones médicas, migratorios para personas cónyuges extranjeras, etc. Todo eso debería estar amparado por el Derecho en cualquier Estado del mundo.

Lo que se busca, entonces, según parece, es abrir el matrimonio, como un derecho que garantiza otros derechos, a todas las personas, sin importar –por ejemplo– sus preferencias sexuales. Yo, aunque creo que la intención de proteger los derechos de quienes han estado fuera de esta institución desde que inició en 1857 en México puede ser encomiable, sé que la discriminación no termina cuando se aprueba una ley, sino cuando el cambio cultural se ha gestado. Hasta ahí con el texto de la iniciativa.

Pero, ¿y el contexto? Porque escuchar al ejecutivo federal hablar de la protección de la familia después del clima de tremenda injusticia social, violencia, crimen y pobreza del país es un poco desconcertante. La iniciativa está fechada el diecisiete de mayo, pero es justo ahora, cuando –me imagino– se hace la votación en el Congreso, el momento de más ebullición. Esta guerra de declaraciones –y marchas– llega en medio de otras pequeñas situaciones de no menor atención: el dólar a veinte pesos, la baja nota de dos casas calificadoras respecto a la economía mexicana, la falta de pericia y soluciones en el conflicto magisterial (Nochixtlán incluido, claro) el apoyo de los obispos de Guerrero (Tlapa, Acapulco, Chilpancingo-Chilapa y Cd. Altamirano) al movimiento magisterial, y su reclamo de más seguridad y menos corrupción en la región, hasta la visita de Trump al país. La atención parece centrarse en lo que diga Hugo Valdemar, el Frente Nacional por la Familia, o el Frente Orgullo Nacional México.

Este sábado todos los reflectores estarán puestos en las marchas, en el enfrentamiento, en lo que pueda resultar beneficioso para seguir vendiendo una noticia que aprovecha la controversia de este tema. Si me lo pregunta, querido lector, creo que la iniciativa lanza una carnada muy efectiva al grupo más conservador de la catolicidad mexicana. Ellos han entrado en una trampa y una guerra de declaraciones que, en todo caso, no tiene visos de diálogo por ningún lado. Creo que las partes más afirmadas en su postura, FONMX y FNF, no están dispuestas, no están capacitadas para dialogar verdaderamente. Esto lo compruebo porque cada una se ha señalado como la víctima del discurso del otro. Además, basados en la visión antropológica del s. XIII, el FNF dice que la familia y el matrimonio peligran, que los niños estarían mal influenciados desde muy temprana edad, etc. Por su parte, esgrimiendo falacias ad hominem, el FONMX ha llegado al extremo de publicar cuestiones íntimas, de cuatro personas concretas, en una supuesta legítima defensa ante la homofobia de la que acusan a sus contrarios.

La posición oficial/tradicionalista de la enseñanza del Magisterio de los Obispos de la Iglesia Católica considera que el matrimonio conlleva una doble dimensión: procreativa y unitiva. O sea, engendrar hijos y educarlos; y la mutua complementariedad en el amor recíproco y la entrega personal. Le da prioridad a la dimensión procreativa. Desde esa óptica, resulta imposible que –ad intra– se aceptara un matrimonio entre personas del mismo sexo. Me queda claro que esta postura causa controversia, que no está conforme a los nuevos vientos que soplan en nuestro mundo, pero no es una postura sostenida por unos cuantos simplemente.

Ahora bien, si pusiéramos el énfasis en la dimensión unitiva de la relación de pareja –y que conste que no lo llamé matrimonio– nos encontramos con un panorama bastante distinto. Partiendo de la noción que todo ser humano busca una complementariedad en la otredad, que le dé sentido a su vida misma, que le plantee un proyecto de vida juntos y una historia que construir, ¿quién y con qué derechos podría afirmar que esa búsqueda es censurable cuando no se adecua con la visión religiosa de su elección?

En todo caso, el asunto es de carácter civil. No está a discusión lo que pueda o no creer la Iglesia Católica (aunque en esa acepción cabemos muchas posturas) Tampoco está a discusión si una persona tenga una preferencia u otra. Si lo discutido es un derecho al reconocimiento civil de la relación entre personas del mismo sexo, en una sociedad determinada, creo que estamos en la posibilidad de escuchar todas las voces: habrá quienes apoyan la idea (Estados Unidos ya nos dio like por eso) y quienes no. Creo que todos deben ser escuchados y que una postura no puede desear acallar a la otra. La decisión está en manos de las cámaras, ¿votarán con justicia? Tengo muy pocos elementos para decir que sí: estamos ante un mundo que busca reivindicar a las minorías en el papel, mientras las va estrangulando poco a poco en la práctica.

De todo esto me brincan dos cosas sobre todo.

  1. ¿Por qué no se han levantado cuando las iniciativas y las reformas presidenciales afectaban a los pobres, a la mayoría de la población civil –familias monoparentales, sobre todo– y dejaba vulnerables a las nuevas generaciones (niños y jóvenes)?
  2. En toda esta faramalla he visto cómo se utiliza a los niños como bandera, moneda de cambio, carne de cañón. ¿Se ha detenido nuestra sociedad a pensar en los efectos que esta reforma tendría en unos años, cuando esos niños sean mayores? Si el bienestar de los niños está en juego, ¿no deberíamos los adultos sentarnos como tales y dirimir las diferencias con responsabilidad?